Obligaciones fiscales “Comunidades de Propietarios”

comunidadesDesde el  1 de enero de 2014, las Comunidades de Propietarios están obligadas a presentar el modelo 347 por operaciones con terceras personas (ventas, adquisiciones y servicios sujetos a iva) que superen los 3005,06 euros anuales.

La obligación tributaria se recoge en el Real Decreto 828/2013, publicado en el BOE del 26/10/13, y establece que con efectos 1 de enero de 2014, las comunidades de bienes en régimen de propiedad horizontal están obligadas a presentar la declaración de operaciones con terceras personas -modelo 347.

Esta obligación tributaria es de obligado cumplimiento para Comunidades de Propietarios que aunque no  desarrollen ningún tipo de actividad empresarial,  pero que sí realicen operaciones con terceras personas (electricistas, albañiles, fontaneros, empresas de ascensores…) y que durante el ejercicio económico hayan superado los 3.005,06 euros.

Al contrario que los empresarios y profesionales, las comunidades no tienen la obligación de desglosar trimestralmente esta información y lo harán de forma anual.

No tienen obligación a declarar las siguientes operaciones:

  • Las de suministro de energía eléctrica y combustibles de cualquier tipo de uso comunitario.
  • Suministro de agua de uso y consumo comunitarios.
  • Seguros con objeto el aseguramiento de bienes y derechos relacionados con zonas y elementos comunitarios

Datos a declarar:

  • Razón o denominación social para persona jurídica, nombre y apellidos si es persona física.
  • NIF o CIF
  • Importe en euros de las operaciones realizadas con cada una de las  personas o entidades durante el año natural.
  • Se harán constar los importes superiores a 6.000 euros que se hayan percibido en metálico.
  • Se harán constar de forma separada los arrendamientos de locales comunitarios, consignando el nombre y apellidos del arrendador, así como el nº de identificación fiscal y las referencias catastrales de los locales arrendados.

EL REGISTRO DE JORNADA DE LOS TRABAJADORES: ¿UNA NUEVA OBLIGACION PARA LAS EMPRESAS?

 

trabajadorPonemos en su conocimiento que la Inspección de Trabajo ha iniciado actuaciones con las empresas en materia de control horario.

Desde la aprobación del Real Decreto 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores; se modificó el régimen legal del contrato a tiempo parcial, de tal forma que se dio nueva redacción al apartado 4 del artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores.

Apareciendo tres obligaciones que se imponen a la empresa:

  • Registrar día a día el número de horas que realiza cada trabajador a tiempo parcial.
  • Entregar al trabajador, junto con su nómina, una copia del cómputo de horas al mes, tanto de las ordinarias como las complementarias.
  • Conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada durante un mínimo de 4 años.

Como todas las obligaciones, su incumplimiento tiene prevista una consecuencia jurídica y dice la norma, que: “el incumplimiento de las obligaciones de registro de la jornada, presumirá celebrado el contrato a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los servicios”.

            Sin embargo, a raíz de todo este cambio normativo, y de ciertas resoluciones judiciales, hemos tenido conocimiento de que por parte de Inspección de Trabajo se está exigiendo por ciertos inspectores (no todos), en las visitas que se realizan a las empresas, no sólo el registro de la jornada de los trabajadores a tiempo parcial, sino también de los trabajadores a tiempo completo.

            Por tanto, ¿Se puede exigir dicho registro? ¿Es una nueva obligación para la empresa? En cualquier caso, ¿Conllevaría sanción? ¿Cuál?

            Estos inspectores se están basando para pedir los registros de tiempo completo en el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, que regula las horas extraordinarias, pues en la regulación de las horas extraordinarias, y antes de que existiera esta modificación del contrato a tiempo parcial, la norma ya establecía lo siguiente:

            “5. A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente”.

            Y por unas recientes sentencias de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, y otras dos sentencias de Tribunales Superiores de Justicia, en concreto de Andalucía y Castilla León; que están dando un giro en materia de control de jornada, lo que ha motivado las actuaciones de Inspección de Trabajo, especialmente en aquellas que no disponen de sistemas de control de presencia y horario tales como tarjetas, huellas o  fichajes.

            Estos criterios argumentan que el registro diario de jornada, no debe ser únicamente exigible en los casos en que se realicen horas extras, sino que debe de existir siempre, aun en el supuesto que NO se realicen horas extraordinarias.

            Estos registros deben incluir las horas realizadas cada día por cada trabajador, entendiendo éste como el único medio para certificar si se supera la jornada máxima ordinaria o no.

            En el caso de trabajadores que prestan servicios fuera de las dependencias de la empresa, la Audiencia Nacional concluye que con mayor motivo debe implementarse el registro de jornada, ya que de lo contrario sería imposible constatar el horario efectivamente realizado.

            Por tanto, y aunque hasta ahora el registro de la jornada en los contratos a tiempo completo no se realizaba, entendiéndose en la práctica que, si no se realizaban horas extraordinarias no era necesario llevar a cabo registro alguno; lo cierto es que la Inspección de Trabajo ha incluido en sus Planes Integrados de Actuación, la vigilancia del cumplimiento de esta obligación como mecanismo de control de la realización de horas extraordinarias por los trabajadores y, por ende, de su correcta retribución y cotización. Siendo también lo cierto, que estas Sentencias comentadas no crean jurisprudencia, pues hasta que no se pronuncie el Tribunal Supremo, no tendremos una jurisprudencia consolidada y válida para su aplicación.

            En esta línea, hay que hacer de público conocimiento que el incumplimiento de esta obligación de registro, como obligación formal o documental que es, puede ser considerado y de hecho así lo están haciendo algunos inspectores, como una infracción administrativa leve conforme al artículo 6.6 de la LISOS y que correspondería a una sanción de 60 a 625 euros o bien en algunos casos también se ha impuesto infracción administrativa grave del 7.5 de la LISOS y que correspondería a una sanción entre 626 a 6.250 euros.

            En consecuencia, recomendamos que las empresas deben tener un registro diario de la jornada efectiva de sus trabajadores, a fin de poder comprobar el adecuado cumplimiento de los horarios pactados, bien en función de lo establecido en el convenio colectivo de aplicación, bien en los acuerdos de empresa, así como a fin de poder informar a la representación legal de los trabajadores (en caso de tenerla) de las horas extraordinarias realizadas, según lo previsto en el artículo 35.5 del ET.

            Por ello y a partir de ahora, esta asesoría enviará a sus clientes junto a los recibos de salarios mensuales, las hojas registro de todos los trabajadores, a efectos de que sean cumplimentadas y firmadas, a fin de evitar posibles sanciones administrativas, adecuando en su día a día en la empresa esta nueva obligación.

Impuesto de Sociedades

 

sociedadesPara los períodos impositivos  que se inician a  partir del 1 de enero de 2.015,  hay que tener en cuenta la  Reforma global  y completa de la normativa del Impuesto de Sociedades introducida por la Ley 27/2014 del 27 de noviembre  del Impuesto de Sociedades, en la que entre otras modificaciones, destaca la creación de dos nuevas reducciones, la Reserva de Nivelación, para empresas de reducida dimensión y la Reserva de Capitalización , esta última es para todas las empresas y viene a sustituir la eliminada deducción por reinversión de beneficios extraordinarios y la deducción por inversión de beneficios, lo que implica la no tributación de aquella parte del beneficio que se destine a la constitución de una Reserva indisponible, sin que se establezca requisito de inversión alguno de esta reserva en algún activo.

¿ Pero exactamente en qué consisten estas nuevas reducciones en la Base Imponible?

Reserva de Nivelación

Si su empresa es de reducida dimensión , recuerde que una empresa es de reducida dimensión cuando la cifra de negocios es inferior a 10 millones de euros, a partir de 2015 podrá reducir en un 10 % la base imponible positiva del Impuesto de Sociedades, con un límite de un millón de euros,  pero para ello es indispensable dotar una reserva indisponible por importe de la misma reducción aplicada. Hay que tener en cuenta que esta reducción no es definitiva, se trata de una diferencia temporaria, que su empresa debe devolver en los siguientes casos:

  1. Si en los cinco años siguientes obtiene pérdidas, hay que computar dicha reducción como una mayor base imponible y compensarla con las bases negativas que vaya obteniendo.
  2. Si transcurridos los cinco años su empresa no ha obtenido pérdidas, o las que ha obtenido no son suficientes para cancelar la reducción, hay que integrar el exceso en la base imponible del período una vez transcurridos los cinco años, sin recargos ni intereses.

En definitiva lo que se pretende con esta nueva reducción es el diferimiento del pago de la cuota correspondiente a la reducción ,lo que se traduce en un ahorro financiero para su empresa, ya que en la práctica  el tipo  de gravamen se reduce en un 22,5 % y si añadimos esto a la reserva de capitalización incidimos en la equiparación en el tratamiento fiscal de la financiación ajena  y propia.

Para el cálculo del importe de la reducción se tendrá en cuenta la Base Imponible previa tras a aplicar la Reserva de Capitalización.

 Ejemplo:

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019
Base Previa 50.000 40.000 10.000 20.000 25.000
Reducción 10 % -5.000 -4.000 -1.000 -2.000 +12.000
Base Imponible 45.000 36.000 9.000 18.000 37.000
25% 11.250 9.000 2.250 4.500 9.250
Base Imponible SIN  reducción 50.000 40.000 10.000 20.000 25.000
25% 12.500 10.000 2.500 5.000 6.250
Diferencia -1.250 -1.000 -250 -500 +3.000

Reserva de Capitalización

Todas las empresas, tanto las que tributan al tipo impositivo general, como las de reducida dimensión, puede aplicarla, y consiste en poder disfrutar de una reducción en la base imponible del 10% de la cuantía en que incrementen sus fondos propios , con esta nueva reducción lo que se pretende es potenciarla capitalización empresarial mediante el incremento del patrimonio neto y con ello incentivar  el saneamiento y competitividad empresarial, a través de la no tributación  de aquella parte del beneficio que se destine a una reserva indisponible, sin ningún requisito de inversión en algún tipo de  activo.

Se deben cumplir los siguientes requisitos:

  1. Que el importe de los fondos propios de la entidad se mantenga durante un plazo de 5 años desde el cierre del periodo impositivo al que corresponda esta reducción, salvo por la existencias de pérdidas contables en la entidad.

  1. Que se dote una reserva indisponible por el importe de la reducción, que deberá figurar en el balance de forma separada y será indisponible durante 5 años.

Esta reducción no podrá superar el 10% de la Base Imponible del periodo impositivo previa a esta reducción ,  a la integración a la dotación por los deterioros de créditos u otros activos derivados de las posibles insolvencias de determinados deudores, y a la compensación de bases imponibles negativas. En caso de que la base Imponible tenga saldo insuficiente, las cantidades pendientes podrán aplicarse en los dos años siguientes al cierre del periodo impositivo en que se haya generado el derecho de reducción .

El cálculo del incremento de los fondos propios es la diferencia positiva entre los fondos propios al cierre del ejercicio, sin incluir los resultados del mismo, y los fondos propios al inicio, sin incluir los beneficios del ejercicio anterior. Tampoco se tienen en cuenta las aportaciones de socios, las ampliaciones de capital, los fondos propios por compensación de créditos ni las reservas legales o estatutarias.

Ejemplo:

CONCEPTO EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2015
Capital 10.000 10.000
Reserva legal 2.000 2.000
Reserva Voluntaria 22.000 30.000
Rdo ejercicio 8.000 6.000
Total Fondos Propios 42.000 48.000

La diferencia de Fondos Propios es de 8.000 € ( 42.000-2.000-8.000= 32.000; 48.000-2.000-6.000= 40.000); Por lo que la reducción a aplicar es el 10% sobre 8.000 €, es decir 800 €, como el límite es el 10% de la base previa, es decir 600 ( 10% sobre 6.000), en 2015 podremos aplicar una reducción en la base imponible de 600 €, dejando 200 para ejercicios futuros.

Así pues  una distribución de dividendos puede hacerle tributar más en el Impuesto de Sociedades, y si ha aplicado la reducción por reserva de capitalización, recuerde que deben mantener el incremento de fondos propios para no perder el derecho a esta reducción.

I.R.P.F. ¡ANULE SU DECLARACIÓN!

Renta-2015-anular-declaracionSi presentas una declaración de IRPF sin estar obligado a ello y esto perjudica a otros miembros de su unidad familiar o a la persona presentante, debe saber que puede solicitar a Hacienda la anulación de la declaración presentada.

A veces ocurre que un contribuyente presenta su declaración de IRPF sin estar obligado a ello, y que perjudica a otro miembro de su unidad familiar. Por ejemplo, un menos de 25 años que durante el año haya percibido rentas que no superan los 8.000 euros (no estando obligado a declarar) y que decide presentar la declaración de IRPF para recuperar las retenciones que le han practicado.

Si el contribuyente convive con sus padres, misma unidad familiar, y declara unas rentas superiores a 1.800 euros, el haber presentado la declaración impide que sus padres puedan aplicarse el mínimo por descendientes en su declaración de IRPF. Si en su caso, los padres aplican el citado mínimo, Hacienda procederá a regularizar la situación y obligará a los padres a devolver la cuota dejada de ingresar más intereses de demora y sanción correspondiente.

En ese caso, SOLICITE LA ANULACIÓN, indique a su descendiente que presente escrito a Hacienda comunicando que anula la declaración presentada.

Hacienda acepta que una persona que ha presentado una declaración de IRPF sin estar obligado a ello y perjudica sus propios intereses o los de un miembro de su unidad familiar, puede solicitar la anulación de la declaración presentada.

Empresas de facturación versus cooperativas

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Son muchas las personas que llaman a diario a las oficinas de Fevecta interesándose por las posibilidades de las llamadas cooperativas de facturación. Son personas que realizan actividades profesionales de muy diverso tipo, pero que tienen en común no alcanzar unos niveles suficientes de facturación para permanecer de alta como autónomos de una manera estable y continuada y, en consecuencia, buscan alternativas a la hora de cotizar. Estas cooperativas paraguas o de facturación constituyen un fenómeno que ha proliferado al calor de la crisis económica y que está experimentando cierto crecimiento, llegando incluso a publicitarse como una opción válida, legal y ventajosa para profesionales freelance o autónomos. Estas empresas ofrecen a estos profesionales formar parte como socios a cambio de una cuota de ingreso y, en ocasiones, también de unas cuotas periódicas y, a partir de este momento, poder darse de alta y de baja en la Seguridad Social de manera intermitente, en función de las necesidades de facturación de cada profesional. Lo que ocurre es que estas personas no siempre llegan a saber que son socias de una cooperativa y las obligaciones y derechos que de ello se derivan. Por lo que conocemos, hay empresas de este tipo en todo el territorio nacional y casi siempre adoptan la fórmula cooperativa de trabajo asociado, incumpliendo tanto la legislación que regula esta forma cooperativa como, frecuentemente, la normativa laboral y de Seguridad Social. Sin embargo, tenemos que decir que la actividad y regulación de estas empresas no se corresponden con las de las cooperativas de trabajo asociado, tal y como recoge el artículo 89 de la Ley Valenciana de Cooperativas. El objeto social de una cooperativa de trabajo es proporcionar empleo a sus socios y trabajadores en las mejores condiciones posibles, por lo que la estabilidad en el tiempo, ligada a la cotización de sus socios a la Seguridad Social de forma continuada, es condición sine qua non. Además, la finalidad de la cooperativa de trabajo es estar al servicio de sus socios trabajadores, mediante la explotación de una empresa colectiva sobre la base de la ayuda mutua, la creación de un patrimonio común y la atribución de un resultado de la actividad cooperativizada a sus socios, en función de su participación en dicha actividad. Las cooperativas de facturación, por el contrario, no pretenden generar trabajo a sus socios.Cada uno de los 33 OPINIÓN Comunitat Valenciana profesionales que se asocia aporta ya sus clientes. Por tanto, el proceso es a la inversa. No existe, por tanto, empresa colectiva, sino que el socio se incorpora a una estructura empresarial diseñada para gestionar o facilitar su actividad, no para proporcionarle trabajo en las mejores condiciones posibles. Y tampoco podemos hablar de ayuda mutua cuando los socios no se conocen entre sí, ni tan siquiera su número ni actividad. Además, estas empresas hacen aguas en otros aspectos fundamentales de la propia naturaleza de las cooperativas, en cuanto a la participación de los socios en los órganos de decisión de la cooperativa, pues, como ya hemos dicho, ni siquiera saben que son socios; a la carencia de un régimen de suspensión y excedencias -las causas de suspensión temporal de la obligación y el derecho a realizar prestación laboral de un socio son las que están tasadas por ley y no otras-; al incumplimiento sistemático de la regulación específica de baja obligatoria por causas económicas, objetivas, organizativas o de producción de la cooperativa, no del socio, etcétera. Así pues, las cooperativas de facturación se utilizan como mero instrumento para que trabajadores cuya actividad no es continua, por distintos motivos, puedan tener cobertura en la Seguridad Social sólo por días concretos, lo cual ni es el objeto de una cooperativa de trabajo ni está permitido por nuestro sistema de Seguridad Social. La ley de cooperativas entiende la incorporación del socio trabajador con carácter indefinido -sea a tiempo parcial o completo-. La condición de socio va, necesariamente, vinculada a la prestación de trabajo y ésta requiere, necesariamente, la cobertura de afiliación a la Seguridad Social, por ello, si la prestación laboral ha de ser continua, no cabe la intermitencia en la afiliación a la Seguridad Social. Además, muchas de las cooperativas que actualmente operan en este ámbito y, especialmente, aquellas que lo hacen, principalmente, desde una plataforma web, con poco o ningún contacto físico con sus socios, no reunirían los requisitos mínimos de información, transparencia y participación inherentes al modelo empresarial cooperativo y exigidos por la Ley de Cooperativas. Factores, además, que son los que garantizan a sus socios un control efectivo sobre la gestión que impide sorpresas desagradables a medio plazo. Por tanto, estas mal llamadas cooperativas paraguas o de facturación no son la solución para aquellos profesionales cuya falta de actividad o de continuidad en la misma no permita la cotización permanente en Seguridad Social, ni la fiscalidad de sus ingresos. Este problema, que todos coincidimos en que conduce a la precariedad, no puede solucionarse creando formas jurídicas distorsionadas y, en el caso que nos ocupa, utilizando incorrectamente la fórmula jurídica cooperativa. Es necesario dar otra solución a esta situación. Con este modelo lo único que se consigue es perpetuar un escenario de precariedad laboral para los socios de estas empresas, escatimar el pago de una serie de cotizaciones sociales e impuestos derivados de la actividad y permitir que se genere una competencia desleal en el entorno empresarial en el que estas empresas operan, lo que ya está provocando perjuicios a empresas que operan correctamente y pagan todos sus impuestos.

Prevención de Riesgos Laborales

prevencion-riesgos-laboralesBuenos días,

Tal y como os hemos comentado en varias ocasiones la contratación de la prevención de riesgos laborales es una exigencia legal que acaba de cumplir 20 años (ley 31/1995) y desde el Dpto. laboral queremos confirmar que nuestros clientes tienen todo conforme a la legislación vigente.

La ley exige que el empresario tenga un informe de Evaluación de riesgos del centro de trabajo y de los riesgos específicos en el puesto de trabajo, de que se forme e informe a los trabajadores en los riesgos laborales específicos de su puesto, de tener unas medidas de emergencia y otras obligaciones documentales más. A todos los informes técnicos se le llama Especialidades técnicas.

Además obliga al empresario realizar la Vigilancia de la salud de sus empleados, es decir reconocimientos médicos periódicos. Todos los trabajadores tienen que tener su reconocimiento médico inicial y luego los reconocimientos médicos periódicos.

Si ya tienen contratada la prevención, por favor háganos saber con qué servicio están.

Si no la tienen contratada, le podemos enviar un presupuesto orientativo del coste que le supondría.

Dpto. Laboral.

RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN (RAI)

Renta-Activa-de-Insercion

Es un programa dirigido a personas que han agotado las prestaciones y subsidios a los que podían acogerse y además tienen serias dificultades económicas y de inserción laboral. Tendrá una duración de 11 meses como máximo y la cuantía a percibir será del 80% del IPREM. Los beneficiarios tendrán un asesor laboral a su disposición que les establecerá un itinerario personal de inserción laboral para ayudarles a incorporarse de nuevo en el mercado laboral.

OBJETIVOS DE LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN:

El objetivo se basa en proporcionar a la persona los medios necesarios para que pueda reinsertarse de nuevo en el mercado laboral a través de diversas acciones de inserción laboral, además de la percepción de una cuantía económica de apoyo.

REQUISITOS PARA SOLICITARLA:

Será necesario acreditar una serie de requisitos para poder acogerse al programa:

  • Tener 45 años o más.
  • Ser menor de 65 años.
  • Estar inscrito como demandante de empleo de forma ininterrumpida durante los últimos 12 meses o más.
  • No tener derecho a la prestación por desempleo de nivel contributivo o el subsidio de desempleo porque se ha terminado de cobrar íntegramente.
  • No disponer de rentas mensuales que superen el 75% del salario mínimo En este apartado se incluyen todos los miembros de la familia que convivan en la misma casa.
  • No haber sido beneficiario de la RAI en los últimos 365 días naturales anteriores a la fecha en la que se ha solicitado esta ayuda con excepción de aquellos desempleados que dispongan de una minusvalía que sea igual o superior al 33% o ser víctima de violencia de género o doméstica.

PERSONAS QUE NO TIENEN DERECHO A BENEFICIARSE DE LA RAI:

  • No tendrán derecho a acogerse al programa aquellas personas que se encuentren ingresadas en un centro penitenciario, ya que no pueden compatibilizar la realización de trabajos fuera  de prisión.
  • No podrán beneficiarse aquellas personas que estén percibiendo una prestación o pensión de carácter económico que sea incompatible con el trabajo.
  • No tendrán posibilidad de acogerse aquellas personas que ya estén percibiendo una ayuda reconocida a las víctimas de violencia de género  que no pueden participar en programas de empleo.

DOCUMENTACION NECESARIA PARA TRAMITARLA:

Para poder  tramitar la RAI se debe aportar la siguiente documentación al SEPE: solicitud oficial, DNI, un justificante de los ingresos que se han tenido un mes antes de la solicitud, certificado de minusvalía en caso de que la hubiera, certificado expedido  por la administración pública acreditando que es víctima de violencia de género, copia cuenta bancaria, certificado del periodo ininterrumpido como persona desempleada, declaración de la renta del año anterior, en caso de ser desempleado de larga duración deberá presentarse el formulario de búsqueda activa de empleo.

CUANTÍA Y DURACIÓN:

Se concede una ayuda económica de apoyo que se sitúa en el 80% del IPREM. Para el año 2016 la cuantía asciende a 426€/mensuales.

Mientras que la persona está cobrando esta ayuda, el SEPE ingresa las cotizaciones de la seguridad social que corresponden a la asistencia sanitaria o a la protección de la familia. Por lo que el desempleado podrá hacer uso de la sanidad pública.

La RAI se concede durante un periodo máximo de 11 meses y se percibirá con efectos desde el siguiente día en que presentamos la solicitud.

SUPUESTOS QUE CAUSAN LA BAJA INMEDIATA DEL RAI:

Hay acciones que pueden causar la baja inmediata del RAI, son las siguientes:

  • Si se incumplen las obligaciones que se contrajeron en el compromiso de actividad.
  • No renovar la demanda de empleo.
  • No aparecer ante el SEPE si se le ha requerido su presencia mediante requerimiento oficial.
  • No haber devuelto al SEPE el justificante como que se ha presentado para cubrir una oferta de empleo a no ser que haya una causa justificada y esté perfectamente acreditada.
  • Tener otras pensiones de la seguridad social que sean incompatibles.
  • Trabajar durante 6 meses o más.
  • Superar el 75% con la suma de las rentas familiares.